El Presidente de la República señaló, que se requerirán recursos para financiar políticas sociales por US$ 8.000 millones.

Luego de un proceso de diálogo liderado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con más de 30 reuniones con actores sociales, empresariales, gremios de PYME y partidos políticos. El jefe de Estado enfatizó que hubo sectores que desestimaron la idea de subir impuestos.

En su lugar, la autoridad dio a conocer que el pacto fiscal se dividirá en dos proyectos: uno que contempla medidas para aumentar la fiscalización y el cumplimiento tributario, y otro que considera cambios al impuesto a la renta, aumentando el aporte de las empresas y personas de más altos ingresos.

Según dijo Boric, la idea del nuevo pacto es solventar demandas de gasto público por US$ 8.000 millones, lo que contempla por ejemplo el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $ 250.000, la reducción de las listas de espera en salud, la inversión en mayor seguridad ciudadana, y el establecimiento de un sistema nacional de cuidados para menores y adultos mayores.

Así, la autoridad señaló que el pacto contemplará seis ejes:

• El primero son principios para un sistema tributario moderno y eficiente, buscando evitar la evasión y la elusión.
• El segundo son prioridades del gasto público en favor de chilenos y chilenas, definiendo las políticas a solventar por US$ 8.000 millones.
• El tercero, el fortalecimiento de la fiscalización tributaria, con cambios a entidades como el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional de Aduanas (SNA), los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) y la Tesorería General de la República (TGR). Así, la prioridad será la iniciativa de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias, que incluye medidas que buscan aumentar la recaudación a través de modificaciones legales que no implican un aumento de impuesto. Se estima que estas medidas elevarían la recaudación tributaria en un 1,5% del PIB en términos netos.
  Crecimiento, inversión y productividad será el cuarto foco, donde se incorporarán incentivos fiscales equivalentes a 0,5% del PIB, así como reducir en un tercio los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión, diseñar una nueva "ruta del emprendimiento" para las PYME y la propuesta de 17 medidas para reducir la informalidad en la economía, tanto a través de la imposición de sanciones y controles a la actividad informal, como incentivos y facilidades para la formalización de empresas.
• El quinto es aumentar la transparencia en el gasto estatal, lo que incorpora medidas de control en el marco del Caso Convenios y una nueva agencia estatal de evaluación de las políticas públicas.
• Y el sexto y último eje es el sistema de seguimiento de los compromisos.

También convocó a un grupo de economistas chilenos para que calcule el efecto del crecimiento económico sobre la recaudación fiscal. Este comité estará integrado por José Pablo Arellano, Ignacio Briones, José De Gregorio, Manuel Marfán, Andrea Repetto, Andrea Tokman y Rodrigo Vergara.

En ese proyecto, también se incluirían medidas que combaten la evasión y la elusión, como mayores potestades para que el SII y Aduanas controlen el comercio informal, la aplicación administrativa de la Norma General Antielusión (NGA), la creación de la figura del “denunciante anónimo”, un nuevo procedimiento para el levantamiento del secreto bancario, aumentos de multas y sanciones para delitos tributarios como el tráfico de madera, el comercio clandestino y la comercialización de mercaderías importadas falsas, y la creación de un Registro de Beneficiarios Finales de Empresas, por citar algunos puntos.

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