La agenda empresarial para el gobierno de Kast: diagnóstico de los cuellos de botella del comercio y la producción
El documento "Motores para los primeros 100 días" entregado por la CPC revela las principales trabas que enfrenta el sector privado chileno y propone soluciones concretas
Cámara Aduanera de Chile - Enero 2026
La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) entregó al presidente electo José Antonio Kast un documento titulado "Motores para los primeros 100 días", que sintetiza las prioridades del empresariado organizado para impulsar la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo durante el próximo gobierno.
Más allá de la coyuntura política, el documento constituye un diagnóstico revelador de los obstáculos estructurales que enfrenta el sector privado chileno. Las seis ramas que componen la CPC —agricultura, comercio, minería, industria, construcción y finanzas— identifican con notable consistencia un conjunto de problemas comunes: exceso de carga regulatoria, falta de certeza jurídica, complejidad burocrática y costos tributarios que erosionan la competitividad.
Para el sector de comercio exterior y aduanas, muchas de estas propuestas tienen implicancias directas, particularmente aquellas relacionadas con la simplificación de trámites, la facilitación del comercio y la lucha contra el comercio ilegal.
El núcleo transversal: menos carga, más previsibilidad
El documento establece tres ejes transversales que atraviesan las demandas de todos los sectores, configurando lo que podría considerarse el consenso básico del empresariado organizado.
Competitividad tributaria: La CPC plantea con claridad que la carga impositiva chilena supera actualmente el promedio de los países de la OCDE, situación que desincentiva la inversión y reduce la competitividad internacional de las empresas. La propuesta concreta es reducir la tasa corporativa al menos al 23% y otorgar mayor invariabilidad tributaria a las inversiones de largo plazo.
Este punto no es retórico. En un contexto global donde los países compiten agresivamente por atraer inversión extranjera directa, una carga tributaria percibida como excesiva puede determinar que proyectos de gran envergadura se materialicen en jurisdicciones alternativas. Para empresas del sector de comercio exterior, esto se traduce en menor actividad, menores volúmenes de carga y, eventualmente, menor demanda de servicios especializados.
Simplificación de permisos: El segundo eje transversal apunta directamente a uno de los problemas más mencionados por inversionistas: la complejidad y extensión de los procesos de obtención de permisos. La CPC propone implementar efectivamente la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), con foco en resultados concretos.
La propuesta específica es identificar y eliminar permisos innecesarios, duplicados o de bajo riesgo, o bien reemplazarlos por Técnicas Habilitantes Alternativas como avisos o declaraciones juradas. Este cambio de paradigma —de la autorización previa al control posterior— es común en países con alta eficiencia administrativa, pero su implementación en Chile ha sido lenta y fragmentada.
Predictibilidad regulatoria: El tercer eje transversal aborda un problema más sutil pero igualmente crítico: la proliferación de interpretaciones administrativas que, en la práctica, crean nuevas exigencias no contempladas en la ley. La CPC solicita acotar las guías del Servicio de Evaluación Ambiental y los dictámenes de la Dirección del Trabajo, estableciendo que estos instrumentos solo deben orientar, no imponer requisitos adicionales.
Para empresas que operan en comercio internacional, la previsibilidad regulatoria es fundamental. La incertidumbre sobre cómo se interpretará una norma o qué nuevas exigencias surgirán de guías administrativas incrementa los riesgos de cumplimiento y complica la planificación de operaciones.
Comercio: combatiendo el mercado ilegal
La Cámara Nacional de Comercio (CNC) coloca en el centro de sus prioridades un problema que ha escalado significativamente en los últimos años: el avance del comercio ilegal. Este fenómeno no solo afecta los niveles de victimización empresarial, sino que genera una competencia desleal que presiona los costos del sector formal.
La propuesta es implementar una política nacional contra el comercio ilícito, acompañada de la destrucción anticipada de mercancía incautada por contrabando o falsificación. Actualmente, los procesos judiciales para autorizar la destrucción de mercancía incautada pueden extenderse por años, generando costos de almacenamiento y riesgos de filtración de estos productos al mercado.
Para el sector aduanero, esta propuesta tiene resonancia directa. El comercio ilegal, ya sea mediante contrabando, subfacturación o falsificación, erosiona la base tributaria, distorsiona la competencia y genera riesgos sanitarios y de seguridad. Una política más agresiva de persecución y destrucción de mercancía ilegal requiere coordinación entre múltiples agencias: aduanas, policías, ministerio público y poder judicial.
Complementariamente, la CNC propone simplificar la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas mediante un portal único que integre permisos municipales, sanitarios y tributarios. Esta iniciativa reconoce que parte del comercio informal existe porque los costos de entrada a la formalidad son excesivamente altos. Reducir estas barreras podría ampliar la base de contribuyentes y reducir el mercado informal.
Finalmente, el sector comercio solicita perfeccionar la Ley de Pago a 30 Días, normativa que ha generado controversia por sus efectos no anticipados en las relaciones comerciales entre empresas de distinto tamaño.
Agricultura: seguridad y flexibilidad laboral
La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) identifica la seguridad en zonas rurales como su principal preocupación. El aumento de robos de insumos, maquinaria y animales, especialmente en la Macrozona Sur, ha generado pérdidas millonarias y un clima de inseguridad que desincentiva las inversiones.
Las propuestas incluyen generar indicadores específicos para monitorear el delito rural, aumentar las penas al robo en lugares no habitados y perseguir efectivamente la receptación de productos agrícolas robados, desde agroquímicos hasta animales y frutas.
En materia laboral, el sector agrícola solicita flexibilizar la normativa para facilitar la contratación de trabajadores temporales extranjeros y agilizar la entrega de visas temporales. Esta demanda responde a una realidad estructural: la agricultura chilena depende críticamente de mano de obra temporal para cosechas y procesos estacionales, y la rigidez regulatoria complica la cobertura de estas necesidades.
Adicionalmente, la SNA pide acelerar inversiones hídricas como embalses y desaladoras, y reforzar la apertura de mercados para exportaciones agroalimentarias. Este último punto conecta directamente con el trabajo que realiza el sector aduanero en la facilitación de exportaciones y el cumplimiento de requisitos fitosanitarios internacionales.
Minería: el problema de la certeza jurídica
La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) coloca el acento en restablecer la certeza jurídica y evitar normas que paralicen la inversión. Esta formulación refleja la percepción del sector de que cambios regulatorios recientes han incrementado la incertidumbre sobre las condiciones bajo las cuales operarán proyectos mineros de largo plazo.
Una propuesta específica es modificar el actual sistema de patentes mineras, retornando a un esquema de amparo por pago simple, objetivo y con certeza jurídica, o bien aumentando el valor de la patente de forma diferenciada y progresiva, facilitando su imputación al impuesto a la renta.
También se solicita mejorar la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), reformar el reglamento de cambio de coordenadas y modificar el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental referido al umbral de extracción.
Para el comercio exterior, la minería es un sector crítico. Chile es el principal exportador mundial de cobre y un actor relevante en litio y otros minerales. Cualquier factor que afecte la inversión en este sector tiene efectos cascada en volúmenes de exportación, demanda de logística especializada y actividad portuaria.
Industria: empleo y exportaciones
La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) identifica el estancamiento del empleo formal como un problema central. Desde el sector industrial argumentan que el aumento de los costos laborales ha dificultado la contratación, proponiendo mayor flexibilidad mediante pactos de adaptabilidad.
Esta propuesta busca introducir mecanismos que permitan ajustar jornadas, horarios y modalidades de trabajo según las necesidades específicas de cada empresa, dentro de marcos negociados con trabajadores. El debate sobre flexibilidad laboral es complejo y polarizado, pero desde el sector productivo se plantea como necesario para mantener la competitividad.
Adicionalmente, la Sofofa destaca la necesidad de generar un impulso exportador. En un contexto global marcado por nuevas regulaciones comerciales, complejidad creciente en cadenas de suministro y tensiones geopolíticas, fortalecer la capacidad exportadora de la industria chilena requiere esfuerzos coordinados en múltiples frentes: acceso a mercados, facilitación aduanera, certificaciones internacionales y financiamiento.
Construcción: evitando la paralización
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) solicita ampliar la Ley de subsidio a la tasa hipotecaria y el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAES), medidas orientadas a dinamizar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda.
Pero la propuesta más urgente es prorrogar los permisos de edificación que vencen en 2026. La CChC advierte que la caducidad de estos permisos podría afectar a más de 50 mil viviendas, paralizando proyectos ya aprobados que no alcanzaron a iniciar construcción.
Finalmente, proponen crear una Oficina de Grandes Proyectos para acelerar la ejecución de obras de infraestructura estratégicas. Este modelo, implementado en varios países, concentra en una sola entidad la coordinación interinstitucional necesaria para destrabar proyectos complejos que involucran múltiples permisos y organismos.
Banca: acceso al crédito
La Asociación de Bancos de Chile (Abif) propone eliminar la Tasa Máxima Convencional, argumentando que ha generado exclusión financiera y reducido el acceso al crédito para hogares de menores ingresos. Este es quizás el punto más controversial del documento, dado que la TMC fue implementada precisamente para proteger a consumidores de tasas abusivas.
El argumento bancario es que el tope impide otorgar créditos a segmentos de mayor riesgo, porque el precio máximo no permite cubrir los costos de riesgo asociados. La contraparte sostiene que eliminar el tope expondría a consumidores vulnerables a tasas predatorias.
También se plantea modificar la Ley de Fraudes, estableciendo un estándar probatorio de culpa leve y permitiendo la comercialización de seguros para los clientes. Adicionalmente, proponen mejorar la implementación del sistema de finanzas abiertas y reducir los requerimientos de capital para la banca.
El desafío de implementación
El documento "Motores para los primeros 100 días" traza una agenda ambiciosa. Su implementación efectiva enfrentará múltiples desafíos: resistencias políticas, tensiones con otros objetivos de política pública, limitaciones presupuestarias y complejidades técnicas.
Varias propuestas requieren tramitación legislativa en un Congreso donde el oficialismo no tendrá mayoría automática. Otras exigen coordinación entre múltiples servicios públicos que históricamente han operado en silos. Y algunas plantean dilemas de política pública genuinos, donde simplificar para unos puede significar reducir protecciones para otros.
Para el sector de comercio exterior y aduanas, el documento ofrece señales claras sobre las prioridades del empresariado: simplificación de trámites, combate al comercio ilegal, facilitación de exportaciones y predictibilidad regulatoria. Estos objetivos son ampliamente compartidos, aunque los medios específicos para alcanzarlos seguirán siendo materia de debate.
Lo que el documento deja en evidencia es que el sector privado identifica obstáculos estructurales que trascienden coyunturas políticas específicas. Resolver estos cuellos de botella requerirá voluntad política, capacidad técnica y, sobre todo, construcción de consensos que permitan avanzar en reformas que beneficien el desarrollo productivo sin sacrificar protecciones sociales y ambientales fundamentales.
Este análisis se basa en el documento "Motores para los primeros 100 días" entregado por la Confederación de la Producción y del Comercio al presidente electo José Antonio Kast el 6 de enero de 2026.